Site Logo

Redressing Gendered Health Inequalities of Displaced Women and Girls

University of Southampton

Blogs

¿Proteger a los Migrantes o Revertir la Migración? COVID-19 y los Riesgos de una Crisis Prolongada en América Latina
¿Proteger a los Migrantes o Revertir la Migración? COVID-19 y los Riesgos de una Crisis Prolongada en América Latina

CONTEXTO: COVID-19 AFECTA DESPROPORCIONADAMENTE A MIGRANTES EN AMÉRICA LATINA

Los países de Centro y Sudámerica han visto un crecimiento de flujos migratorios y de refugiados sin precedente. Desde 2015, alrededor de 5 millones de refugiados y migrantes Venezolanos y medio millón provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras huyeron a países vecinos (1,2). La migración forzada proveniente de dichos países está asociada a los altos niveles de violencia, ´feminicidios´, persecución política, violaciones severas a los derechos humanos y pobreza (3).  Esta situación plantea preguntas urgentes sobre sociedades en crisis, al mismo tiempo hace un llamado a los gobiernos de la región y a las organizaciones regionales y multilaterales para examinar políticas pertinentes a la protección de las y los migrantes y refugiados. Esto se torna aún más apremiante en el contexto de COVID-19. COVID-19 se ha convertido en un desafío para la gobernanza en salud inclusiva. La preparación y respuestas gubernamentales ante emergencias sanitarias son fundamentales ya que pueden reparar o exacerbar las vulnerabilidades e inequidades existentes. En contextos de crisis, los gobiernos deben adoptar políticas de protección al derecho a la salud de las y los migrantes y refugiados independientemente de su estatus migratorio, de acuerdo con el Artículo 12 del Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para que esto sea posible, los gobiernos deben guiarse por los acuerdos internacionales que protegen los derechos de los más vulnerables y deben evitar la adopción de políticas populistas que demonicen a grupos específicos, por ejemplo migrantes. La comunidad internacional juega un rol importante en recordar y alentar a los Estados sobre los deberes de actuar de manera responsable y adherir al compromiso internacional de ´no dejar a nadie atrás´.

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19 (4). Hasta el día 18 de Junio, la base de datos de Johns Hopkins mostraba que de los 8,400,000 casos reportados a nivel mundial, más de 3.8 millones de casos de COVID-19 se reportaban en las Américas, de los cuales 1,600,000 casos  de COVID-19 provenían de América Latina donde más de 80,000 personas habían fallecido, sobrepasando el número diario de infecciones reportadas en Europa y Estados Unidos (5). Desde entonces los casos aumentaron estrepitosamente, dando al 4 de Agosto un total de 18,295 millones de casos, de los cuales mas de 5 millones se concentran en America Latina. Los afectados forman abrumadoramente parte de los grupos más vulnerables, incluyendo migrantes y poblaciones desplazadas. Sin embargo, algunos gobiernos, en vez de cumplir con sus obligaciones de ampliar los servicios de protección y salud para las comuidades de alto riesgo en la región, aprovechan de la crisis para impulsar medidas de desalojo forzoso y deportación. La pandemia destaca asi una dinámica que revierte  la migración forzada sobre las personas que huyeron en primer lugar de países y comunidades afectadas por múltiples crisis en los últimos años y que ahora se ven obligados a regresar, ya sea por la pérdida de medios para sopesar necesidades básicas ; por la limitación de cobertura y provisión de servicios de salud y protección social; o bien a causa del retorno forzado de migrantes ´irregulares´ a consecuencia de medidas gubernamentales tomadas a pesar de recomendaciones de organismos oficiales y expertos en contra de ello (6), incluyendo la declaración internacional de Lancet Migration (7).

 

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

 

La Pandemia de COVID-19 ha resultado en una negación de derechos de las y los migrantes. Esto genera preocupación y atenta contra el compromiso de la región por defender los derechos humanos en general. En algunos países, como  por ejemplo Brasil, esto ha sido exacerbado por el uso de una retórica nacionalista que penaliza a todos aquellos considerados ¨diferentes¨. Sin embargo, también se sabe que toda respuesta y política de protección a las comunidades más vulnerables tiene un costo, poltico y economico, que se incrementa en una coyuntura como la actual donde los gobiernos deben formular respuestas al COVID-19 en contextos de austeridad, con economías frágiles y sistemas de salud públicos sobresaturados y pobremente financiados. En cotnextos de crisis, estos factores  pueden incrementar el riesgo de ciertos individuos y grupos sociales de ser vistos como ¨intrusos¨,  de ser excluidos, discriminados y sus necesidades de salud y sociales ignoradas. Esto es aun mas grave si las  obligaciones gubernamentales para asegurar el derecho a solicitar asilo, proteger los medios necesarios de bienestar de las y los migrantes y refugiados son pobremente considerados en las respuestas ante la pandemia por parte de los gobiernos. Muchos de los gobiernos de America Latina, de hecho, introdujeron medidas de restricción de movimiento con el objetivo de disminuir la propagación e impacto de COVID-19. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Peru y Colombia decretaron una cuarentena obligatoria para todos aquellos que viven dentro de su territorio (8). Ecuador y Peru introdujeron toques de queda; mientras que en Chile y El Salvador, se declaró  estado de emergencia, dejando la seguridad interna y la custodia de servicios de salud al control de las fuerzas armadas. Estas medidas son particularmente restrictivas para migrantes y refugiados en dichos países, muchos de ellos excluidos de mercados laborales u oportunidades de acceder a beneficios sociales ofrecido a connacionales. En México, con más de un millón de migrantes viviendo en el país según cifras de 2019, muchos migrantes y refugiados han sido negados de la posibilidad de acceder a albergues, al tiempo  que se ha incrementado la vigilancia fronteriza y deportaciones (10). La mayoría de los países de la región han cerrado sus fronteras a todo extranjero o no-residente. Aunque dichas medidas son intentos para aplanar la curva de infecciones por el virus, éstas sin empbargo debilitan el acceso a la protección escasamente disponible para grupos de migrantes mientras fortalece políticas y actitudes anti-migrantes. El cierre de actividades no esenciales y fronteras ha creado una situación en donde los migrantes pierden el apoyo de los servicios y las redes, empleo y opciones de seguridad y protección social, y sobretodo la posibilidad de obtener una vida digna al ser obligados a cambiar la dirección de los flujos migratorios y regresar a sus países de origen, a pesar del potencial de abuso, violencia y riesgo de infección por COVID-19 en situación de tránsito, tal como reconoce la Organización Internacional para las Migraciones (11).

 

Esto sucede particularmente en dos rutas migratorias en America Latina: aquella que involucra migrantes provenientes de países del triángulo de América Central de Honduras, Guatemala y El Salvador hacia México; y aquella que va desde Venezuela hacia Colombia y Brasil. En ambos casos, las consequencias político-económicas desencadenadas por el cierre de actividades y el ambiente hostil que vive la población migrante han forzado cientos de migrantes y refugiados Venezolanos y Centroamericanos a retornar por la misma ruta que tomaron para huír y regresar a las mismas condiciones de violencia, deprivación y peligro de las que intentaron huir en primera instancia. Este nuevo ciclo de migración revertida, catalizada  por COVID, se vuelve problemática por tres razones claves:

 

Primero, el retorno forzado extenderá las situaciones de desplazamiento prolongado en las cuales los migrantes quedarán atrapados en un ciclo de desplazamiento forzado, incluso dentro de su propio país de origen. Inumerables personas muy probablemente saldrán de nuevo de su país en el futuro y, al mismo tiempo, este periodo de desplazamiento prolongado exacerbara los factores de riesgo asociados al mismo, incluyendo la violencia física y psicológica ( agreción, violencia sexual, etc.) y limitantes en el acceso a servicios de salud y protección social.

 

Segundo, la migración revertida incrementará la vulnerabilidad financiera de aquellos migrantes y personas desplazadas, para los cuales los riesgos de de vivir en pobreza, explotación y abuso aumenta.

 

Finalmente, aquellos retornados a sus países de origen podrian enfrentar sentimientos antimigratorio y de estigmatización. Al mismo tiempo, podrán encontrarse en situaciones donde se les considere como ´intrusos´, ‘agenos’ y ´no pertenecientes´ en su país de nacimiento, vistos como consumidores de los recursos económicos limitados y en algunas ocasiones vistos como fuentes de contagio  (12).

 

LOS RIESGOS DE UNA CRISIS PROLONGADA: AMERICA CENTRAL Y VENEZUELA

Frente a la creciente crisis de COVID-19, el gobierno de los Estados Unidos considera cada vez más a los migrantes de México, America Central y Sudamerica como una carga económica y de salud. Desde que Donald Trump asumió el cargo en 2017, la administración de los Estados Unidos ha clasificado constantemente a las y los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo como una amenaza para la seguridad y ha reducido drásticamente el número de admitidos al país (13). Desde el 21 de marzo de 2020, la decisión de cerrar la frontera con México para tránsito no esencial, aparentemente introducida como una política sanitaria, ha servido como una advertencia a todas aquellas personas contemplando la migración y como una amenaza a todos los que ya radicaban dentro de su país. Esto ha sido acompañado de programas de retorno forzado de centroamericanos.

 

A pesar de que la mayoría de los países centroamericanos han detenido la llegada de vuelos transportando personas deportadas desde los Estados Unidos, las deportaciones terrestres continúan hacia México, ejerciendo una presión sobre México, en medio de una crisis de COVID-19, para procesar y gestionar el incremento de casos de solicitudes de asilo y proporcionar protección de emergencia para aquellos (14). Ahora más que nunca, México se ha convertido en el muro que Trump había prometido en su campaña y presidencia. Bajo la inmensa presión desde Washington de incrementar la seguridad fronteriza, México (desde el brote de coronavirus) ha retornado tantos migrantes detenidos en las estaciones migratorias, que ellas están casi vacias. Para finales de abril, 9,745 Guatemaltecos habían sido forzosamente repatriados desde México, de los cuales casi 800 fueron repatriados en tan sólo un mes. Se estima que en combinación entre México y Estados Unidos, se retornaron mínimo 6,500 Guatemaltecos, 5,000 Hondureños y 1,600 Salvadoreños entre marzo y mediados de abril (15,16); algunas veces en violación directa del principio internacional de ¨no devolución¨ y de el derecho a solicitar y obtener asilo, así como con poca consideración a las condiciones de salud de las y los individuos.

 

A principios del año 2020, más de 4,5 millones de Venezolanos fueron forzados a huir de su país, escapando niveles de depresión económica sin precedente, violencia política, inseguridad y una crisis humanitaria con alta severidad. Aproximadamente 2 millones huyeron a Colombia y Brasil. El Gobierno de Colombia ha gestionado esfuerzos para incluir a la población Venezolana dentro de su respuesta a la pandemia  (17). Sin embargo, en medio de la crisis sanitaria y el impacto económico atraído por el cierre de actividades esenciales, la mayoría de las y los migrantes Venezolanos (casi la mitad de ellos dependen de trabajos en el sector informal) batallan para sobrevivir económicamente en Colombia (18). Muchos de ellos han sido evacuados forzosamente  de sus casas, a pesar de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés) para que este tipo de medidas sean suspendidas durante el brote de COVID-19 (19). Sin apoyo económico ni acceso a financiamiento público, mas el riesgo de quedarse sin hogar y desamparados en un país foráneo, cientos de migrantes no tienen otra alternativa más que regresar a Venezuela (20), aún y cuando oficialmente no hayan sido deportados. Esto aumenta su riesgo y el de sus familias. La pérdida significativa de remesas significa que las familias de las y los migrantes se enfrentarán a situaciones de escacés de alimentos y posiblemente estigma por ´traer el virus con de ellos´ (21). Del mismo modo, aquellas  situaciones que forzaron la migración en primera instancia, principalmente el colapso en la economía, incertidumbre política y violencia,  y el pobre acceso a servicios de salud, continuarán sin cambios. La negligencia en la política sanitaria es particularmente preocupante dentro de las comunidades indígenas, como la Warao, quienes forman parte de los miles de venezolanos que han tenido que huir hacia Brasil. El ACNUR (UNHCR por sus siglas en inglés) reportó que sólo 3 de 13 albergues en Boa Vista sque alberga a estas comunidades mayoritariamente son considerados de bajo riesgo de transmisión de coronavirus (22).

 

CHIVO EXPIATORIO Y ESTIGMA SOCIAL

En los sitios de tránsito, destino u origen, las y los migrantes han sido muchas veces culpados por los problemas que son politicoy y pobremente abordados gobiernos tales como la inseguridad, informalidad económica , y financiamiento de servicios de salud y educación (23). Además de sufrir amenazas en contra de sus medios de vida y sobrevivencia, el retorno forzado aumenta el estigma  que enfrentan los migrantes. Forzados a la invisibilidad y sufriendo de constante discriminación en los países de destino, las y los migrantes retornados, tanto en Venezuela como en Centroamérica, se enfrentan con prejuicios, señalamientos raciales y xenofóbia al regrear a sus países de origen. Más de cien migrantes Guatemaltecos quienes fueron deportados desde los Estados Unidos a Guatemala entre marzo y abril 2020 ahora han dado positivo para COVID-19 (24). A consequencia de que una quinta parte de todos los casos reportados en Guatemala son de migrantes deportados desde los Estados Unidos, se han propagado rumores sobre la población de retornados señalando que son portadores ´naturales´ de la enfermedad. Sin embargo, no es sorprendente el hecho de que enumerables migrantes retornados han sido portadores de COVID-19, ya que es una enfermedad que afecta, sobre todo personas pobres, marginalizadas y vulnerables. Muchos migrantes están siendo detenidos en estaciones migratorias, centros de aislamiento en cuarentena sobresaturados y en condiciones anti-higiénicas con pobre acceso a pruebas, aislamiento y tratamiento, dejando a las y los migrantes suceptibles a COVID-19 (25).

 

A su regreso, estas vulnerabilidades se exacerban por el estigma y en muchos casos lleva a un ciclo de desplazamiento interno. Con pocas políticas públicas diseñadas para apoyar la reintegración, las y los migrantes retornados hacen frente a desafíos relacionados a su reintegración al mercado laboral formal. La posibilidad de encontrarse en en situación de calle, destitución, violencia y reclutamiento en pandillas criminales es muy real. Aun en un congtexto post-COVID-19, será inevitable la reactivacion de nuevas olas de migración internacional junto con una mayor amenzada de inseguridad, violencia y trafico de personas.  Combatir el estigma y la marginalización de las y los migrantes retornados al igual que su derecho fundamental a la salud, vivienda, libertad y protección debería de ser una responsabilidad central de todos los Estados, aún en medio de una crisis sanitaria. Sin embargo, varios gobiernos  en América Latina, ya sea por la ausencia de voluntad política o falta de preparación, ignoran sus obligaciones legales para con migrantes y refugiados.

 

EL DERECHO A LA SALUD PARA TODOS

Salud es un derecho reconocido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR por sus síglas en ingles), el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, Artículo 12) y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (articulo 10 y 11) el cual señala que toda persona, independientemente de su estatus legal, tiene el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. El artículo 12 de ICESCR establece la responsabilidad por parte de los Estados para proveer más ayá de los servicios básicos y tomar acciones ´deliveradas, concretas y específicas´ para ´asegurar la realización completa del derecho a la salud.´ Más aún, una de las obligaciones específicamente establece que ´los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos(…) solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; (…) y abstenerse de imponer prácticas discriminatorias…¨. Es decir, los Estados que acordaron dichos tratados, deben asegurar las necesidades y derechos a la salud, independientemente del estatus legal migratorio o de ciudadanía en el país. El Salvador,Honduras, Guatemala, México, Colombia, Brasil y Venezuela son todos signatorios de tratados regionales e internacionales establecidos para proteger el derecho a la salud de las y los migrantes y refugiados, lo cual significa la obligación de asegurar de manera equitativa el acceso a servicios de salud, incluyendo servicios de prevención, pruebas y tratamiento para COVID-19. Sin embargo, dichos países, entre otros, no están cumpliendo con los tratados mencionados, e incluso tendrían poco que ganar electoralmente si protegen de manera activa los derechos de migrantes, refugiados y retornados. Algunas políticas son difíciles de implementar en países cuyo sistema de salud cuenta con pobre financiamiento. El gasto en salud en América Latina se encuentra por debajo de 1,000 USD per capita, lo que representa un cuarto del gasto en salud por los países miembros de la OECD (28). Al mismo tiempo, la capacidad y habilidad por parte de los sistemas de salud de brindar acceso a servicios de buena calidad a los grupos más vulnerables es significativamente inferior comparado con otros sistemas de salud en países miembros de la OECD. La región de America Latina  enfrenta serias barreras para responder a la pandemia de COVID-19, pero políticas de acceso a servicios de salud están siendo sujetas a consideracines arbitrarias y discriminatorias en contra de poblaciones migrantes. Por ejemplo, Colombia ofrece el acceso ilimitado a servicios de salud sólo para aquellos migrantes con documentación dentro del país, excluyendo aquellos con estatus irregular o sin documentos, quienes representan 57% de la población migrante en el país (29). En Brasil, aún cuándo el derecho a la salud es una obligación Constitucional, organizaciones no-gubernamentales han llamado la atención y demandado judicialmente que gobierno en Boa Vista revierta restricciones que impiden el acceso a migrantes Venezolanos a hospitales y clínicas públicas en la ciudad. En Centroamérica y México, las y los migrantes enfrentan barreras importantes para acceder a pruebas y tratamiento para COVID-19  (31). En el contexto actual, es crítico y urgente mejorar la coordinación nacional y regional para fortalecer y apoyar la preparación en materia de salud pública, incluyendo el financiamiento adecuado de programas orientados a la provisión de servicios médicos de calidad, protección social y de vivienda, independientemente del estatus migratorio.

 

Organización y agradecimientos

 

Este reporte situacional fue elaborado por Pia Riggirozzi, Jean Grugel and Natalia Cintra[1]  y revisión experta por: Michael Knipper[2]. La traducción de este documento fue realizada por Ana Cristina Sedas MD, MMSc (c). La dirección y revisión por parte de Lancet Migration global collaboration fue gracias a Miriam Orcutt y a Sophie McCann, revisión editorial. Este reporte representa los puntos de vista de los autores. Esta serie de reportes situacionales e informes políticos resumen aspectos clave de la respuesta de COVID-19 en relación con las y los migrantes y refugiados a nivel nacional y regional. Incluyen recomendaciones y perspectivas, y se basan en la Declaración Global de Lancet Migration para garantizar que las y los migrantes y refugiados: tengan acceso a la asistencia sanitaria; estén incluidos en la prevención, preparación y respuesta; y sean parte de estrategias de información pública responsable y transparentes durante la pandemia de COVID-19. Los reportes situacionales no pretenden brindar  perspectivas o resúmenes completos de un país o región, en cambio su formato está diseñado para ser breve y proveer sólo la información clave y contextualizada a la población migrante y refugiada. Los informes situacionales han sido escritos por expertos que trabajan en áreas académicas, operativas o clínicas de migración y COVID-19, y están alojados en el sitio web de Lancet Migration (www.migrationandhealth.org) . Están actualizados hasta la fecha de publicación. Lancet Migration es una colaboración global entre The Lancet e investigadores, implementadores y otros actores en el campo de la migración y salud que tiene como objetivo abordar las brechas en la evidencia e impulsar el cambio de políticas basándose en las recomendaciones de la Comisión de Migración y Salud de UCL-Lancet Publicadas en diciembre 2018.

 

Autoras: Pia Riggirozzi, Jean Grugel y Natalia Cintra

Originalmente publicado en Lancet Migration, en Agosto de 2020.

Referencias

 

  1. United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR (2019) ‘Expanding Operations in Central America’. Retrieved from http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR Expanding Operations in Central America – February 2019.pdf
  2. Inter-American Commission on Human Rights/ Organisation of American States (2018) ‘Forced Migration of Venezuelans’. Retrieved from https://www.oas.org/en/iachr/decisions/pdf/Resolution-2-18-en.pdf
  3. Economic Commission for Latin America and the Caribbean- ECLAC/Gender Equality Observatory. ‘Femicide or Feminicide’. Retrieved from https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide
  4. Panamerican Health Organisation. PAHO (2020) ‘Director Says Fight Against COVID-19 Pandemic Must Include Chronic Disease Care’. Retrieved from https://www.paho.org/en/news/26-5-2020-paho-director-says-fight-against-covid-19-pandemic-must-include-chronic-disease-care
  5. Johns Hopkins online dashboard. Retrieved from https://coronavirus.jhu.edu/map.html
  6. Lancet Migration Situational Brief: Deportations and Irregular Migrants during the COVID-19 Pandemic. Retrieved from https://1bec58c3-8dcb-46b0-bb2a-fd4addf0b29a.filesusr.com/ugd/188e74_87617047c5a7442b9f127cd1f9986dcb.pdf
  7. Lancet Migration Global Statement: Leaving No One Behind in the Covid-19 Pandemic: a Call for Urgent Global Action to Include Migrants & Refugees in the COVID-19 Response. Retrieved from https://1bec58c3-8dcb-46b0-bb2a-fd4addf0b29a.filesusr.com/ugd/188e74_b87afbfe45e44eecb13a45a5cea61209.pdf
  8. Council of the Americas (2020) ‘Where is the Coronavirus in Latin America’. Retrieved from https://www.as-coa.org/articles/where-coronavirus-latin-america
  9. Arevalo Amaral and Wenham Clare (2020) ‘Covid-19 in El Salvador Public Health or Restricting Human Rights’. LSE Blog. Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2020/04/13/covid-19-in-el-salvador-safeguarding-public-health-or-restricting-human-rights/
  10. Animal Politico (2020) ‘Albergues Migrantes and Medidas contra el Covid-19’. Retrieved from https://www.animalpolitico.com/2020/03/albergues-migrantes-medidas-coronavirus-covid19/
  11. Guadano Lorenzo (2020) Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. IOM. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
  12. International Organization for Migration (2020) ‘COVID-19 Analytical Snapshot #6: Stigmatization & Discrimination’. Retrieved from https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_6_-_stigmatization_and_discrimination.pdf
  13. Medicines Sans Frontieres (2017) ‘United States: Suspension of US Refugee Resettlement Endengers People Fleeing War Zones’. Retrieved from https://www.msf.org/united-states-suspension-us-refugee-resettlement-endangers-people-fleeing-war-zones
  14. Amnesty International (2018) ‘USA: You Don’t Have any Rights Here’. Retrieved from https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/10/usa-treatment-of-asylum-seekers-southern-border/
  15. Montoya-Galvez, Camilo (2020) ‘Exporting the Virus: Migrants Deported by US Make up for 20% of the Cases’. Retrieved from https://www.cbsnews.com/news/deported-migrants-guatemala-coronavirus-cases/
  16. International Crisis Group (2020) ‘Deportation and disease: Central America’s Covid Dilemmas’. Retrieved from https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/deportation-and-disease-central-americas-covid-19-dilemmas
  17. Lancet Migration: Report on Venezuelan Migrants in Colombia and the Covid Pandemic. Retrieved from https://1bec58c3-8dcb-46b0-bb2a-fd4addf0b29a.filesusr.com/ugd/188e74_6137c5c0bacb41cab07619821eb62c13.pdf
  18. Bahar, Dany; Meagan Dooley, and Cindy Huang (2018) ‘Integrating Venezuelans into the Colombian Labor Market’, Global Economy and Development at Brookings, Policy Brief. Retreived from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/12/Venezuelan-Migrants_English.pdf
  19. United Nations Human Rights Guidance Notes. Retrived from https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf
  20. The Guardian (2020) ‘Venezuelans Return Home as Coronavirus Piles more Misery on Migrants’. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/venezuelans-return-home-coronavirus-migrants
  21. International Organization for Migration (2020) ‘COVID-19 Analytical Snapshot #6: Stigmatization & Discrimination’. Retrieved from https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_6_-_stigmatization_and_discrimination.pdf
  22. UNHCR (2020) ‘Operacao Acolhida’. Retrieved from https://data2.unhcr.org/es/documents/download/74962
  23. Reliefweb (2020) ‘Covid-19 Update. Response for Venezuelans’. Retrieved from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/75767.pdf
  24. Dickerson, Caitlin and Kirk Semple (2020) ‘U.S. Deported Thousands Amid Covid-19 Outbreak. Some Proved to Be Sick’, The New York Times, 18 April. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/04/18/us/deportations-coronavirus-guatemala.html
  25. Grattan, Steven (2020) ‘Returning Venezuelans in Squalid Quarantine Face Uncertain Future’, The Guardan, 16 April. Retrieved from https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/16/venezuelans-returning-squalid-quarantine-migrants
  26. Nicholls, Michelle (2020) ‘U.S. Returns Migrant Children Despite Risks Worsened by Coronavirus – UNICEF’, Reuters, 29 May. Retrieved from https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-usa-mexico/u-s-returns-migrant-children-despite-risks-worsened-by-coronavirus-unicef-idUKKBN22X1RR
  27. Panamerican Health Organization (2019) ‘Documento de Orientación sobre Migración y Salud’, Retrieved from https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48291-documento-de-orientacio-n-sobre-migracio-n-y-salud&category_slug=migracion&Itemid=270&lang=es
  28. The World Bank (2020) ‘Latin America & the Caribbean Countries Need to Spend More and Better on Health to be Better Able to Face a Major Health Emergency Like COVID-19 Effectively’. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/16/latin-america-caribbean-health-emergency-covid-19
  29. Asociacion Profamilia/ USAID (2020) ‘Desigualdades en Salud de la Población Migrante y Refugiada Venezolana en Colombia’. Retrieved from https://www.profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/04/Desigualdades-en-salud-de-la-poblacion-migrante-y-refugiada-venezolana-en-Colombia-Como-manejar-la-respuesta-local-dentro-de-la-emergencia-humanitaria.pdf
  30. Concetas (2020) ‘Court Bans Boa Vista from Restricting Hospital Treatment for Migrants’. Retrieved from https://www.conectas.org/en/news/court-bans-boa-vista-from-restricting-hospital-treatment-for-migrants
  31. UNICEF (2020) ‘COVID-19: Dangers Mount for Migrant Children Forcibly Returned to Northern Central America and Mexico During Pandemic’. Retrieved from https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-dangers-mount-migrant-children-forcibly-returned-northern-central-america

 

 

 

[1] Pia Riggirozzi Profesora de Política Global en la Universidad de Southhampton (Reino Unido) e investigadora principal en el Proyecto financiado por ESRC-GCRF –Redressing Gendered Health Inequalities of Displaced Women and Girls in Contexts of Protracted Crises in Central and South America (ReGHID). Jean Grugel Professora de Desarrollo Global y Directora del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Global (IGDC) de la Universidad de York (Reino Unido), y Co-investigadora en el proyecto ReGHID. Natalia Cintra Fellow de investigación para el Proyecto ReGHID en la Universidad de Southampton

[2] Institute of the History of Medicine, Justus-Liebig-University Giessen, Germany

Download Document